¿Hechos aislados o crisis de civismo?
- Por Reynaldo Zaldívar
- Publicado en Fotorreportaje
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Una simple mirada a los espacios públicos muestra una abrumadora desconexión moral del individuo con la sociedad. Algunos atribuyen esto al saldo dejado por la pandemia de COVID-19, que situó en la intimidad de la vivienda lo que anteriormente, cuando se trataba de construir puentes vitales en las relaciones humanas, era dejado a los espacios comunes.
Otros opinan que tal desconexión se amplía a raíz de la crisis económica, que distancia a las personas de todo proceso social, pues este los distrae de sus metas personales. Esto se traduce en deterioro de aptitudes cívicas y en un descuidado manejo de la propiedad del estado, que no pocos ven como algo que pertenece al gobierno y, por tanto, su afectación no incide directamente sobre una persona en específico.
En parques, plazas, ómnibus, cines y comunidades se aglomera la basura, se multiplican los robos y crece, de modo desenfrenado, el descuido sobre la propiedad común. Es entendible que surjan molestias contra los responsables cuando la basura no se recoge a tiempo, pero en este análisis no debería faltar que hay individuos que, al consumir un refresco enlatado o una cerveza, dejan tirado el envase en el primer sitio que encuentran. Así con cajas, envoltorios y desechos generados en la intimidad de su vivienda.
A esto se suma el descuido de trabajadores por cuenta propia, mipymes y comercios estatales, que lanzan sus desperdicios en el ornato público sin meditar en el impacto que eso genera y sin que ninguna autoridad medie a favor de remediar los hechos. Estas agresiones al entorno deberían ser tratadas como un delito contra la propiedad del pueblo. Sin embargo, es preocupante la falta de autoridad o la demora de quienes deberían actuar con mano dura ante los hechos delictivos.
Sirva de ejemplo la violación del espacio acústico por motoristas que, a altas horas de la noche, compiten a ver quién pone la música más alta. Es un tema tratado con asiduidad en nuestro medio de prensa, sin que se perciban cambios positivos al respecto. En la reciente edición de Romerías de Mayo, los conciertos de Gerardo Alfonso, Inti Santana y Leonardo García fueron interrumpidos numerosas veces por motoristas que estacionaban sus vehículos con la música a todo volumen en la Plaza de la Marqueta, donde se generaban los conciertos. Varias leyes regulan los niveles de ruido en las áreas públicas ¿Quién vela por el cumplimiento de las mismas? Y sin embargo, inevitable también la pregunta de ¿dónde está el respeto que deberíamos tener por nuestros vecinos y conciudadanos sin que sea nuestra conducta regida por una ley?
Otro ejemplo que citaré es lo que sucede en el parque Martí de nuestra ciudad, objeto del presente fotorreportaje. El mismo referencia lo que sucede en excesivos espacios públicos de nuestro país. Varias denuncias alertaron de individuos que se estaban robando las verjas que limitaban los jardines de la parte transitable. La última sucedió el lunes 5 de mayo en el horario de las 4:50 de la madrugada, donde un ciudadano reportó haber visto a dos hombres jóvenes robando en el parque. La policía acudió de inmediato y se pudo dar captura a los maleantes que están siendo procesados por los hechos. Sin embargo, al iniciar el mes de junio Servicios Comunales retiró las verjas que quedaban, que representaban menos del 40 por ciento del total, pues el resto habían sido objetos de robo. ¿Qué sucedió con los custodios? ¿Acaso se ha de multiplicar esta estrategia, que cede la victoria a los delitos?
En las imágenes pueden verse desechos dejados por los transeúntes que usan de vertederos los bancos y rincones del parque. Muestran, además, el resultado visual de los hurtos y la presencia de cableado, sin el debido recubrimiento, al alcance de los menores de edad. El objetivo del presente fotorreportaje es emitir una alerta sobre la responsabilidad que tiene cada ciudadano en la protección de los espacios públicos y convocar a los que tienen la función de aplicar la ley y velar por el uso adecuado de la propiedad estatal socialista a actuar con prontitud y rigor contra los que se atribuyen la potestad de contaminarla o destruirla.
