Transformar lo necesario para salvar lo esencial
- Por Yani Martínez Peña
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Fotos: Telecristal / Archivo
Cada 4 de julio, Cuba recuerda el natalicio de Enrique Hart Dávalos y celebra el Día del Trabajador de la Administración Pública. La fecha, más que una formalidad del calendario sindical, ofrece una oportunidad para mirar hacia un sector cuya importancia suele notarse más cuando falla que cuando funciona. Detrás de una certificación, un trámite jurídico, una decisión económica, un servicio comunal, una oficina bancaria, una fiscalía, un tribunal, una dirección municipal o un organismo global de la economía, hay trabajadores públicos que sostienen una parte esencial de la vida cotidiana y del funcionamiento del país.
Enrique Hart Dávalos, empleado bancario, combatiente clandestino del Movimiento 26 de Julio y mártir revolucionario, nació el 4 de julio de 1929. La efeméride se instituyó en homenaje a su natalicio y a su trayectoria, marcada por la acción, la audacia y el compromiso con la causa revolucionaria. Hart fue calificado por Fidel como "uno de los hombres de acción más intrépidos del movimiento clandestino", murió el 21 de abril de 1958, en Matanzas, durante una acción contra la dictadura batistiana.
Enrique Hart Dávalos.
Pero el mejor homenaje a un mártir no puede agotarse en la evocación. Recordar a Enrique Hart debe servir también para preguntarnos qué significa hoy servir desde la Administración Pública en una Cuba atravesada por tensiones económicas, transformaciones estructurales, demandas sociales acumuladas y una ciudadanía que exige más eficiencia, transparencia y respuestas concretas.
En 2022, el periódico Trabajadores señalaba que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública agrupaba a unos 265 mil afiliados, estatales, privados y jubilados, pertenecientes a 52 organismos que comoponen lo que puede denominarse el sistema nervioso del Estado: recibe información, procesa demandas, ordena recursos, ejecuta políticas, regula relaciones económicas, garantiza derechos, fiscaliza deberes y traduce las decisiones del país en soluciones para la gente. Cuando funciona con profesionalidad, la sociedad avanza con mayor confianza. Cuando se atasca, se multiplica la inconformidad, se pierde tiempo productivo y se deteriora la credibilidad institucional.
Este 4 de julio llega en un momento especialmente desafiante. Acaban de ser colocadas sobre la mesa un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, agrupadas en 23 ejes fundamentales, que buscan reactivar la economía, corregir distorsiones y preservar las conquistas sociales, la Administración Pública será decisiva para que esas medidas no queden atrapadas en el papel.
Infografía generada con IA.
En Cuba, muchas veces el problema no ha sido únicamente la falta de políticas, sino la distancia entre la política aprobada y la política aplicada; entre la norma y el mostrador; entre el acuerdo nacional y la capacidad real de implementarlo en un municipio, una empresa, una ventanilla o una comunidad.
En más de una ocasión los dirigentes del país han reconocido estos desafíos. Al presentar las transformaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que existen trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo: lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones postergadas. También subrayó que este tiempo exige producir más, destrabar más, escuchar más, decidir mejor y rendir cuentas. Esa idea coloca a la Administración Pública en el centro de la transformación, no como espectadora, sino como sujeto activo del cambio.
En la misma jornada el primer ministro Manuel Marrero Cruz se refirió al redimensionamiento de la Administración Central del Estado, a una reducción sensible de ministerios y a impactos sobre estructuras territoriales y locales.
¿Pero estará preparada la Administración Pública para gestionar cambios de esa magnitud con la agilidad que el país necesita? La respuesta no puede ser complaciente. Existen reservas de entrega, experiencia y compromiso en miles de trabajadores del sector; pero también persisten prácticas que ya no responden al momento actual: exceso de trámites, duplicidad de funciones, poca interoperabilidad entre instituciones, atención ciudadana desigual, demora en respuestas, débil cultura de datos, insuficiente comunicación pública y una tendencia a confundir control con inmovilidad.
Actualizar la Administración Pública no significa desmontar su función social. Significa hacerla más útil, cercana, medible y responsable ante la ciudadanía. En el mundo contemporáneo, la gestión pública se evalúa cada vez menos por la cantidad de documentos que produce y cada vez más por los resultados que logra. No basta con “cumplir orientaciones”; hay que resolver problemas. No basta con abrir oficinas; hay que reducir tiempos. No basta con publicar normas; hay que explicar sus efectos. No basta con pedir disciplina; hay que crear procedimientos claros, justos y verificables.
En ese camino otro gran desafío es la transformación digital del sector. Es preciso acelerar la transición hacia servicios más integrados, trazables y accesibles. Digitalizar no es simplemente abrir un canal en línea o crear una aplicación. Es rediseñar procesos para que el ciudadano no tenga que entregar varias veces la misma información, para que las instituciones compartan datos de forma segura, para que los trámites tengan plazos visibles y para que el silencio administrativo no sea sinónimo de abandono. La tecnología solo mejora la gestión si elimina pasos innecesarios y facilita el control ciudadano.
También será imprescindible fortalecer la profesionalización del servidor público. Las reformas económicas y sociales demandan cuadros y especialistas capaces de interpretar normas complejas, dialogar con actores diversos, evaluar impactos, usar información, comunicar decisiones y actuar con ética. Se requiere formación permanente, estabilidad laboral, estímulos adecuados, evaluación por resultados y una cultura institucional que premie la iniciativa responsable.
En ese sentido, el sector enfrenta una contradicción delicada ya que se le exige más eficiencia en medio de carencias materiales, presión salarial, migración de fuerza calificada y tensiones sociales. Sería injusto pedir excelencia sin mirar las condiciones concretas de trabajo. Pero también sería peligroso usar esas limitaciones como justificación para la indolencia. El servidor público, incluso en medio de dificultades, administra un bien sagrado que es la confianza de la población. Cada maltrato, cada demora injustificada, cada respuesta evasiva, cada expediente perdido erosiona esa confianza mientras las soluciones oportunas, las explicaciones honestas y los trámites exitosos la reconstruyen.
Las 176 transformaciones solo tendrán verdadero impacto si logran modificar también la manera de gobernar. Según informó Granma durante el XXII Congreso de la CTC, estas medidas cuentan con hoja de ruta, cronograma, responsables al más alto nivel e indicadores de evaluación; además, se anunció un grupo para actualizar el marco jurídico y otro para el aseguramiento político y comunicacional. Ese diseño apunta en la dirección correcta, pero el reto estará en cumplirlo sin formalismos, que los indicadores midan resultados concretos, no reuniones realizadas; que la comunicación explique sin repetir consignas y que las rendiciones de cuentas tengan consecuencias, no se limiten a informes.
La Administración Pública es estratégica en todo ello, porque conecta el proyecto social con la vida real. En ella se decide si una reforma económica destraba producción o se pierde entre permisos; si una política social llega al vulnerable o se queda en un listado; si una inversión local avanza o naufraga en autorizaciones; si una queja ciudadana encuentra respuesta o se convierte en resignación. Por eso, hablar de este sector es hablar de eficiencia económica, justicia social, institucionalidad, participación popular y legitimidad política.
En el homenaje a Enrique Hart Dávalos hay una enseñanza que trasciende la historia. Hart representa acción, compromiso y sentido de urgencia. La Administración Pública cubana necesita hoy esas mismas virtudes, traducidas al lenguaje de este tiempo. Este 4 de julio debe ser, entonces, una fecha de reconocimiento y también de examen.
Servir desde este sector, en la Cuba de hoy, no es custodiar procedimientos viejos, sino ayudar a construir respuestas nuevas sin renunciar a la justicia social. Es comprender que cada trámite tiene detrás una persona, una familia, un productor, un trabajador, un jubilado, un joven que espera y asumir que la eficiencia también es una forma de sensibilidad revolucionaria. La mayor muestra de lealtad al legado de Hart y la mejor manera de honrar su sangre derramada, no está en conservar intactos los obstáculos, sino en removerlos con responsabilidad, transparencia y compromiso público.
