Decretos 30 y 31, severidad ante las indisciplinas
- Por Ania Fernández Torres
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Este nuevo mecanismo jurídico aumenta la cuantía –y la severidad– de las contravenciones aplicadas a quienes violen los precios aprobados y las medidas sanitarias para enfrentar la COVID-19. Foto: Tribuna de la Habana
En la provincia de Holguín se han impuesto 272 multas desde el primero de febrero, que comenzaron a aplicarse, oficialmente aquí, los decretos 30 y 31, del Consejo de Ministros, para enfrentar con mayor fuerza la violación de la política de precios y de las medidas sanitarias para la prevención y lucha contra la COVID-19.
Por el Decreto 30 se aplicaron, hasta la fecha, 70 penalizaciones, que representan un importe de 378 mil pesos a pagar al Estado por infracciones como no presentar tablilla, carta o menú, cobros por encima del valor aprobado o calidad inferior a lo establecido, afectación a los consumidores, entre otras violaciones, según informó Yurian Ricardo Vega, subdirector general de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios.
Resulta preocupante que, en medio de la tensa situación higiénico epidemiológica de la provincia, la mayoría de las multas (202, con monto total de 408 mil 500 pesos) sean por infracciones del decreto 31, referido a violaciones de las medidas sanitarias como no usar el nasobuco o usarlo incorrectamente en vías públicas, ómnibus, autos, interiores de centros laborales y de servicios o no habilitar soluciones de agua clorada o alcohólica para la desinfección de manos y superficies, entre otras.
Las infracciones más recurrentes y detectadas por los inspectores ocurren en los municipios de Holguín, Moa y Banes, mientras que durante esta etapa los territorios con menores violaciones descubiertas (por debajo de 10) en ambos decretos son: Antilla, Urbano Noris y Frank País.
Por supuesto muy alejados a asuntos que impliquen metas o planes referidos a tan importantes temas, la carencia de multas, en algunos municipios de la provincia, podría obedecer a dos razones fundamentales como el respeto real a lo establecido o la insuficiencia del enfrentamiento, en actividades económico sociales de impacto directo en la población
Antes del enfrentamiento resuelto a las actitudes negativas los organismos impositores como la Dirección Integral de Supervisión, Inspección Sanitaria Estatal, la PNR y la Dirección Estatal de Comercio desarrollaron un proceso de capacitación a sus trabajadores con el objetivo de ampliar su conocimiento sobre la aplicación de los nuevos decretos, para poder obrar con transparencia y justicia ante cada situación.
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