Verificaciones fiscales en el contexto de la COVID-19 en Holguín
- Por Yenny Torres
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La producción de alimentos es una cuestión de seguridad nacional en las condiciones actuales de crisis económica generada por la COVID-19. Foto: Alexis del Toro
El enfrentamiento a las ilegalidades y delitos que afectan la estrategia económica-social cubana y a la crisis generada por la pandemia es uno de los principales objetivos de las verificaciones fiscales (VF) en la nororiental provincia de Holguín, a un año de iniciarse la COVID-19 en nuestro país.
Incumplimiento de funciones y atribuciones, quebrantamiento de normas jurídicas, ineficientes mecanismos de control, y falta de contrapartida económica constan entre las principales causas y condiciones que provocaron hechos, según el Informe de Balance de la pasada etapa en esa especialidad.
“Producir alimentos es una cuestión de seguridad nacional en las condiciones actuales de crisis económica generada por la COVID-19 y agravada por el bloqueo, por eso hemos analizado lo que se ha dejado de aportar desde las formas productivas, tanto en cultivos varios, carne de ganado menor y mayor, como en litros de leche, entre otros recursos.
Muchas veces, las Delegaciones Municipales de la Agricultura y las Empresas Agropecuarias que las atienden no han realizado acciones efectivas para evitar esa situación”, explicó Sonia Velázquez Hernández, Fiscal Jefe del Departamento de VF en la Fiscalía Provincial.
Igualmente, dio a conocer que, de conjunto con especialistas de las Direcciones Provinciales de Salud Pública y Educación y como parte de estas verificaciones fiscales se efectuaron visitas en diferentes municipios a centros con grupos vulnerables de la población: Hogares de Ancianos, Centros de Protección Social (para deambulantes), Centro Médico Psicopedagógico (para discapacitados), Hospitales y Salas de Psiquiatría; así como Hogares de Niños sin Amparo Familiar.
“De las cerca de 60 acciones de control ejecutadas en 2020, 11 tuvieron como base denuncias de la población.
Todas se dirigieron a sectores priorizados para el desarrollo del país o asuntos específicos: reducción de importación e incremento de las exportaciones, entrega de tierras ociosas en usufructo y los centros que cuentan con grupos vulnerables. Sus resultados fueron informados a las principales autoridades de la provincia, lo que permitió adoptar medidas para enfrentar las problemáticas”, añadió Velázquez Hernández.
También aclaró que se solicitaron 147 medidas disciplinarias, fueron detectados 137 violaciones de la legalidad y nueve hechos con características delictivas, de los que siete se radicaron como procesos penales.
En estos momentos las principales acciones se enfocan en la marcha de la Tarea Ordenamiento, cuestión que abordaremos en otras informaciones.
