SOS: Robo de agua

“En mi criterio, afirmó el líder de la Revolución, compañero Raúl Castro Ruz, el denominador común de todo este fenómeno ha sido y es la falta de exigencia de los encargados de hacer cumplir lo establecido, la ausencia de sistematicidad en el trabajo a los diferentes niveles de dirección y el irrespeto, en primer lugar, por las entidades estatales de la institucionalidad vigente, lo cual, por otra parte, menoscaba su capacidad y autoridad para exigir a la población que se atenga a las regulaciones existentes”.

Podrían señalarse en este texto una lista extensa de acciones y actitudes opuestas a normas y regulaciones, pero el tema que nos ocupa, esta vez, se relaciona con indisciplinas asociadas al uso ilegal del agua, o más claramente, con su robo en cantidades importantes, para usos diversos, lo cual complejiza más la situación del abasto en la provincia, ya afectado por la inestabilidad en la generación de electricidad y otras causas.

Sobre esta situación de desatino por parte de quienes incurren en la ilegalidad, el ingeniero Luis George Ávila Mustelier, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Holguín (Holagua), expresó: “Nuestro servicio depende casi en un 80 por ciento de la electricidad, por lo que ante las afectaciones sistemáticas con la generación y el déficit de combustible se nos atrasan considerablemente los ciclos de distribución del agua, entre otras consecuencias, aun cuando tengamos grupos electrógenos.

“Si a eso le sumamos que nos manipulan las válvulas y nos rompen las conductoras para regar plantaciones de arroz y otros sembrados, dar de beber al ganado, crear pocetas para bañarse y otros usos ilegales, como la instalación de mangueras o tuberías secundarias, se nos agudiza la situación porque el agua no llega a su destino o lo hace con baja presión”.

De acuerdo con la información de Ávila Mustelier, para enfrentar esta situación en la provincia funciona un grupo de trabajo rectorado por el Gobierno y el Partido, con la participación de entidades como Recursos Hidráulicos, las empresas de Acueducto y Alcantarillado y el Minint, cuyo objetivo primario es verificar el estado de las conductoras para detectar por dónde “escurren” el agua.

Hasta la fecha se han visitado los conductos que llevan el líquido a sitios de la capital provincial, como el aeropuerto internacional Frank País y zonas aledañas, el reparto Emilio Bárcenas, las del sur y el este de la ciudad, que conecta con la presa Gibara, y las del embalse Cacoyugüín; igualmente se visitaron tres de estas tuberías en el municipio de Antilla, la de Guatemala, en Mayarí, el Polo Turístico de Guardalavaca y Cayo Saetía. Ante cada deficiencia descubierta se adopta un plan de medidas.

Se revelaron indisciplinas, pero también otras cuestiones que Acueducto y Alcantarillado deben resolver con prontitud, como los salideros en la conductora de Emilio Bárcenas, y el reordenamiento del metraje en la que abastece al aeropuerto Frank País.

La situación del robo de agua a través de las roturas de las conductoras no es nuevo, hay lugares donde se reitera esta indisciplina, asegura Mustelier. En la que alimenta el aeropuerto de Holguín, por ejemplo, se han impuesto multas, decomisado tuberías, retirado servicios de origen ilícito.

Otro caso es la conductora del este de la ciudad, que parte de la presa Gibara. “No entendíamos porqué las bajas presiones ni el poco avance del agua hacia los destinos”, explicó Mustelier. Un total de cinco días el agua puesta para el reparto Villa Nueva, por ejemplo, y no llegaba. Descubrimos que a esta estructura le escarbaron los desagües y construyeron una especie de represa para bañarse. Eso ocurrió, específicamente, en el tramo cercano al basurero de San Rafael, por donde se perdían entre 50 y 60 litros por segundo, volumen equivalente al coeficiente de consumo diario (K 1) de cualquiera de los sectores hídricos de la ciudad de Holguín, que integran entre 4 mil y 6 mil personas”.

Esta situación genera una cadena de problemas, pues hay que arreglar las roturas en medio de carencias de recursos, son reparaciones que demoran días durante los cuales la población está sin recibir el agua. Lo ocurrido en Antilla es otro ejemplo; allí se detectaron roturas en tres conductoras para regar plantaciones de arroz.

Derecho, pero con control

El acceso al agua potable es un derecho constitucional de todas las personas, pero su uso debe ser planificado y ordenado, así lo establecen las normas vigentes, como la Ley 124 de las aguas terrestres. No olvidar que se trata de un recurso cada vez más limitado que tiene al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) como rector de su gestión.

El cuidado de las conductoras, cuya responsabilidad principal recae en el INRH y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, debe ser responsabilidad popular al tratarse de conductos de decenas de kilómetros –la que conecta el río Cauto con la estación de bombeo de la presa Güirabo, por ejemplo, tiene 37 kilómetros-, lo cual resulta una labor dificultosa.

Debe tenerse en cuenta también que detrás de cada uno de estos hechos son miles de personas imposibilitadas de recibir el líquido y se produce igualmente un daño importante a la economía al detenerse procesos productivos por carencia del agua.